Ciudad de México, 26 de marzo.– La Fundación Konrad Adenauer México (KAS), una fundación política alemana que promueve  la libertad, la dignidad humana, la justicia social y la responsabilidad democrática, presentó este jueves el informe “Elecciones Judiciales 2025: Balance crítico”, un análisis independiente y multidisciplinario que documenta graves riesgos para la independencia judicial en México, entre ellos la posible captura del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo, el uso de mecanismos de inducción del voto y una participación ciudadana de apenas 13%, una de las más bajas registradas en procesos electorales recientes.

El informe, impulsado y coordinado por la KAS México en colaboración con: Centro de Investigación de Crimenes Atroces, Documenta, el Laboratorio para el Estado de Detecho e Incidencia Pública del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Juicio Justo, Laboratorio Electoral, México Evalúa, la Universidad Estatal de Florida, la Universidad de Monterrey, así como el abogado e investigador Luis Tapia. Los coordinadores del informe fueron Juan Pablo Campos y Juliana Ramírez Reynoso.

La operación de “acordeones”

Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la existencia de mecanismos sistemáticos de inducción del voto.

De acuerdo con el análisis elaborado por el Centro de Investigación de Crímenes Atroces (CICA), “los acordeones constituyeron la arquitectura operativa de la captura del Poder Judicial federal por el Ejecutivo”, al funcionar como “listas de votación prediseñadas con correspondencia perfecta entre números y candidatos”.

El documento señala que estos materiales no solo circularon ampliamente, sino que en muchos casos “incluían sellos de la ‘4T’, referencias a programas sociales y organizaciones oficialistas”.

El estudio, basado en el análisis de más de 7,000 candidaturas y 32 acordeones distribuidos a nivel nacional, concluye que en los comicios judiciales hubo “una arquitectura institucional diseñada para subordinar el Poder Judicial federal a los intereses del Ejecutivo”.

Resultados predecibles y posible control institucional

El informe advierte que el proceso electoral presentó patrones atípicos que cuestionan su integridad.

Según CICA, “El proceso de elección de magistrados federales de 2025 fue orquestado, predecible y sesgado”. “La altísima correlación entre los acordeones, las postulaciones del Ejecutivo y los resultados finales pinta el panorama de un sistema judicial federal capturado por los intereses de un solo poder”, agregó.

En el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el informe documenta que los nueve ministros electos fueron postulados por el Ejecutivo (en solitario o en alianza) y que ningún candidato del Poder Judicial —21.87% del total— resultó ganador.

Asimismo, subraya que “la correlación entre aparición en acordeones y votos fue exponencial e incontrovertible”. “El voto popular fue sustituido por un instructivo electoral premeditado”, sentencia.

Hegemonía del Ejecutivo y desequilibrio entre poderes

El informe también aporta evidencia cuantitativa sobre la concentración de poder en el proceso.

“El 65% de los magistrados federales electos deben su cargo a la postulación del Poder Ejecutivo… evidencia numérica de una hegemonía institucional que convirtió al proceso electoral en un mecanismo de ratificación, no de competencia”, señala.

En contraste, apunta que “el Poder Legislativo y el Poder Judicial —los contrapesos naturales en un sistema republicano—  solo lograron colocar de manera conjunta o individual a 29% de los ganadores”.

Para los autores, esto refleja “un grave desequilibrio institucional y la captura del proceso por parte del Ejecutivo”.

El documento concluye con una advertencia contundente: “La Suprema Corte ha quedado severamente cuestionada, con una legitimidad de origen mancillada”.

Baja participación y crisis de legitimidad

Más allá de los hallazgos sobre el diseño del proceso, el informe destaca un dato clave:

• Solo el 13% del padrón electoral participó en la elección judicial

Este nivel de participación, el más bajo en ejercicios recientes, es interpretado como un indicador de desconfianza, complejidad del proceso y falta de conocimiento ciudadano.

Fallas estructurales del proceso

El informe coordinado por la Fundación Konrad Adenauer México documenta, además:

• La aprobación acelerada de la reforma en cuestión de semanas
• Vacíos normativos que obligaron a las autoridades a improvisar reglas sobre la marcha
• La intervención activa del Tribunal Electoral en la configuración del proceso
• Problemas en el diseño de boletas que afectaron el derecho al voto
• El uso de materiales de propaganda que comprometieron los principios de equidad y neutralidad

Riesgos para el estado de derecho

El informe advierte que estos factores, en conjunto, generan riesgos estructurales:

• Debilitamiento de la independencia judicial
• Pérdida de confianza en las instituciones
• Posible politización de la justicia

Como señala el documento, el proceso “compromete de raíz la independencia judicial, pilar fundamental del Estado de derecho”.

Propuestas y siguientes pasos

Frente a este diagnóstico, el informe propone:

• Revisar integralmente el modelo de elección judicial
• Fortalecer los mecanismos de transparencia
• Establecer reglas claras previas a los procesos electorales
• Evaluar la adopción de un modelo mixto que combine participación ciudadana con evaluación técnica

Un informe para el debate público

La Fundación Konrad Adenauer México subrayó que con el informe busca contribuir al debate público con base en evidencia. “El objetivo no es solo documentar lo ocurrido, sino aportar insumos para fortalecer la democracia, la independencia judicial y el Estado de derecho en México”, afirma.

Sobre el informe

Elecciones Judiciales 2025: Balance crítico es un ejercicio colaborativo impulsado por la Fundación Konrad Adenauer México, en conjunto con organizaciones como CICA, Documenta, el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, Juicio Justo, Laboratorio Electoral, México Evalúa, la Universidad Estatal de Florida, la Universidad de Monterrey, así como el abogado e investigador Luis Tapia. Los coordinadores del informe fueron Juan Pablo Campos y Juliana Ramírez Reynoso.